Violencia Política

Los Derechos Políticos son Derechos Humanos

«Todas las desgracias de mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer.»

Flora Tristán. Escritora, pensadora y feminista francesa.

Los derechos políticos se fundamentan en los derechos civiles y la democracia. Según Norberto Bobbio (2009), el sistema democrático asegura la igualdad jurídica de la ciudadanía con criterios como sufragio adulto universal e igualitario; expresión libre de opiniones, por mayoría numérica, bajo los derechos cívicos; garantía de protección de las minorías y sus derechos contra cualquier forma de violencia o abuso por parte de grupos mayoritarios.

Tanto los derechos políticos, que son las condiciones que aseguran la participación, como el sistema democrático, que determina las normas y prácticas para el control y ejercicio del poder político, son procesos históricos ligados a la reivindicación y exigibilidad de los derechos humanos, con transformaciones complejas. La referencia más frecuente en torno a los derechos políticos suele ser el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), este instrumento jurídico internacional establece fundamentalmente que:

  1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
  2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
  3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Un número amplio de países con sistema democrático adoptaron este apartado en sus constituciones y con ello, crearon mecanismos para designar a sus autoridades y gobiernos. En términos generales los derechos políticos se entienden como las facultades que adquieren las personas bajo condición de ciudadanía para intervenir en el diseño, desarrollo y funcionamiento de los órganos de un Estado. La iniciativa SUMA define los derechos políticos como:

Los derechos políticos permiten a las personas participar en la vida política, construir una relación entre las personas y el Estado, así como participar de manera activa en la exigencia por la rendición de cuentas. Los derechos políticos expresan las facultades que poseen las personas para participar en la vida pública, así como la posibilidad de configurar e incidir en el ejercicio del Estado, es decir, tener acceso a las funciones públicas por medio de la participación (SUMA,sf: 9).

Pero antes de concebirlos como la base para el sistema político y no producto de esta. Antes de pensarlos como derechos subjetivos, para todas y todos los ciudadanos, que a su vez cimentan otros derechos, marcos jurídicos e instituciones en la vida democrática, conviene repasar el proceso histórico de los derechos políticos. Comenzaron como resultado de la Revolución francesa, en 1789. Incluso esa ruptura con el sistema monárquico absolutista ─con presencia de gobernantes con poderes únicos, indivisibles, inalienables, absueltos de reglas institucionales o marcos de intervención─ y de servidumbre, tampoco aseguró los derechos políticos para todas las personas. El supuesto de que la soberanía reside en el pueblo, se aplicó a una clase que resultó “privilegiada” y solo las pugnas sociales han permitido la ampliación o la exigencia de los derechos políticos para todas las personas, sin distinción de clase, etnia, raza, condición económica o de género.

Ampliación de los derechos políticos para todas las personas

Además de los eventos históricos que dieron lugar al andamiaje de la participación política de las y los ciudadanos, son frecuentes dos formas como la sociedad ha mirado el ejercicio de los derechos políticos, la tradición democrática representativa formal y la democracia participativa. En la primera los derechos políticos se reducen al voto o a ser votado durante un proceso de elecciones, mientras que, la segunda implica una intervención y participación directas en las gestiones del Estado en diversos niveles de los gobiernos.

La primera es una visión reducida del potencial de los derechos políticos, mismo que al desgastarse resulta en apatía, abstencionismo, debido a la desvinculación de la ciudadanía en los procesos previos que generan las elecciones, o bien, donde la ciudadanía no se siente representada por aquellas personas candidatas o electas, en un extremo más crítico la ciudadanía, integrada por grupos altamente vulnerados, no encuentran medios para que sus intereses sean colocados en la democracia, mientras que mira como otras clases más favorecidas económicamente, políticamente o grupos mayoritarios plasman en el mecanismo democrático sus intereses, violando, en ocasiones, los de otros u otras ciudadanas.

La segunda implica mirar la democracia en un caleidoscopio, que posibilite la garantía de los derechos políticos en el espacio público, más allá de la mera emisión del voto. Esta visión, señalan Rosillo y Luévano (2017) fortalece la demodiversidad, por la articulación entre lo local y lo global, colocando al centro el equilibrio para nutrir las experiencias de participación en diversos niveles ─comunitario, municipal, estatal, federal e internacional─; ampliar los experimentos de la democracia, no solo en palabras o legislaciones, también en los diversos espacios donde es preciso fomentar otros derechos como la asociación, libre expresión, información transparente, rendición de cuentas, generación de presupuestos participativos y no únicamente bajo el cobijo de los partidos políticos. Estos autores agregan, pese a que los movimientos sociales no son figuras jurídicas se contemplan igual que los otros derechos, pues son procesos que permiten a grupos desfavorecidos pugnar por sus derechos políticos, mientras que también nutre y transforman la democracia.

Generalidades en torno a los derechos políticos

Los derechos políticos, no son resultado del sistema político, sino vigilantes de las garantías de los derechos de las personas en la toma de decisiones públicas. Como la base o las reglas del juego del poder en los Estados, estos imponen obligaciones a los Estados para que generen condiciones para la democracia y lo limitan también. En otras palabras, el conocimiento de los derechos políticos posibilita que el Estado actúe para establecer procedimientos, mecanismos y ordenamientos para la participación, está obligado a que existan instancias que atiendan de manera transparente y accesible a quienes ejercen sus derechos políticos, debe destinar presupuestos para garantizar que estos se ejerzan a plenitud por parte de la ciudadanía, mientras que se ve impedido, o debe abstenerse a lo que se desarrolle en el espacio político, sin obstaculizarlo o favorecerlo.

Aun es tradición jurídica que los Estados exijan la ciudadanía para reconocer el acceso a los derechos políticos de las personas. Y para que una persona cuente con el requisito de ciudadanía es preciso, contar con nacionalidad. Una vez aseguradas esas dos condiciones se impone también el requisito de mayoría de edad establecida por los Estados. Por ello, los derechos políticos se otorgan a personas que cumplen estos preceptos. Sin embargo y bajo una perspectiva de derechos humanos, no por ello quienes no tienen alguno de estos elementos deben experimentar situaciones de indefensión y mayor riesgo de violación a sus derechos, como los sociales relativos al acceso a servicios de salud, vivienda, educación.

Entre los derechos políticos más favorecidos por el Estado y de mayor andamiaje jurídico, institucional y económico está el derecho al voto ─a votar y ser votado─. Pero se encuentran otros tales como el derecho a afiliarse a partidos políticos, derecho de participar en el gobierno y de ser admitido a cargos públicos, derecho de petición política ─que se refiere al derecho de dirigir peticiones a las Cámaras, o a los órganos ejecutivos, y de exponer sus necesidades a fin de influir en la legislación política─.

Respecto al derecho al voto ─universal, libre, secreto, directo, individual e intransferible─ se puede realizar en la elección de gobernantes, referéndum ─votación para aprobar o rechazar una reforma constitucional o ley─, plebiscito ─para aprobar o desaprobar una acción del gobierno que resulte trascendental para la vida de la comunidad─, consulta popular ─que refiere a la opinión que una autoridad solicita a la ciudadanía sobre un asunto concreto─ y revocación de mando ─descansa en el mandato de que quien impone el mandato puede quitarlo y faculta a la ciudadanía del “voto programático” es decir, la facultad de los electores de revocar a gobiernos que incumplan con su programa registrado ante órganos electorales─.

Derecho internacional para la salvaguarda de los derechos políticos

Como se cita en líneas anteriores, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala el derecho de todas las personas a participar en el gobierno de sus países, pero sobre todo reclama que los pueblos y su voluntad son el fundamento del ejercicio del poder político. Aunque este instrumento ─y por ello señalamos que los derechos políticos son una conquista que se debe discutir y debatir constantemente─ pareciera limitante, pues coloca el tema del ejercicio de la voluntad de los pueblos a un mero proceso de elección y votación, descobijando un elemento que desde ahora se puede analizar en los contextos donde las mujeres participan, ello tiene que ver con los procesos, o todo lo que se genera ─aparatos jurídicos, instituciones, mecanismos, condiciones─ previamente a la elección y votación, pues es aquí donde la voluntad de los pueblos debe intervenir también y donde es preciso colocar discusiones para asegurar que los derechos políticos se vean plasmados en el acto del voto.

En México otro instrumento internacional de importancia es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (23 de marzo de 1976) pues describe de manera más amplia lo que implican los derechos políticos, principalmente en sus artículos:

Artículo 2

  1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

 

Artículo 21

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

 

Artículo 22

  1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
  2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
  3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.

 

Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

  1. a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
  2. b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
  3. c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

 

No obstante, Rosillo y Luévano (2017) invitan a divulgar que respecto al artículo 21, estas limitaciones previstas por la ley, deben ser limitadas al Estado y jamás para que sea un insumo que contribuya a impedir la participación política, o para que se mal interprete como un instrumento que aprueba la criminalización de la protesta social o cualquier acto de represión por parte de autoridades en gobiernos, en ningún análisis coherente es la finalidad del Pacto Internacional.

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos ─también llamada Pacto de San José de Costa Rica─ (18 de julio de 1978) establece:

 

Artículo 15 Derecho de Reunión

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

 

Artículo 16 Libertad de Asociación

  1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
  2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
  3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

 

Artículo 23.  Derechos Políticos

  1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
  2. a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
  3. b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
  4. c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
  5. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

 

Este instrumento es la base donde descansa el derecho a que una persona sea electa y votada precisando que se requieren normas y medidas adecuadas para que esta posibilidad esté al alcance de todos y todas, bajo criterios que no signifiquen un obstáculo para el ejercicio de estos derechos. Esta Convención tampoco determina que el derecho a ser candidato o candidata sea bajo el requisito de pertenecer a un partido político. 

Alimentemos procesos democráticos que aseguren los derechos políticos

Como se precisó al inicio, los derechos políticos se amplían, son un proceso histórico inacabado a medida en la que aparezcan sujetos que no ejerzan sus derechos en el espacio público, sus voces y participación se vean anuladas o entorpecidas. En ese sentido, conviene considerar la urgencia del presente en torno a los derechos políticos implica discutir su pluralismo jurídico e intercultural, de manera que se acorte la brecha para llegar a la demodiversidad, señalada por Rosillo y Luévano (2017). La existencia de una realidad donde los gobiernos no se conciban sin la participación, representación de la ciudadanía y existencia de un diálogo, empático, con lógica de entendimiento, bajo preceptos clave como la tolerancia y la erradicación de prácticas discriminatorias.

Para ello es fundamental que las reflexiones sean en torno a la urgente “ampliación” de los derechos políticos, bajo la necesidad de pensarlos dentro de un proceso histórico donde grupos de personas (población negra, indígenas, obreros, mujeres) resisten y reivindican su participación en la vida pública.

Sobre todo, las mujeres que ahora acceden a proceso de transformación política y bajo práctica del buentrato, requieren mirarse y mirar los derechos políticos en un proceso holístico, pero sobre todo histórico, donde sus antecesoras participaron en hacer eco para retumbar sus voces, bajo claridad de no obstaculizar las singularidades de sus experiencias en la participación política. La historia de las mujeres en la participación política es útil para recuperar las prácticas del acceso al ejercicio de los derechos políticos siendo mujeres racializadas, obreras, campesinas.   En palabras de Line Bereiro:

…La cuestión de la ciudadanía es más inclusiva que la participación política en sentido estricto. Sobre todo porque puede ejercerse ciudadanía en cualquier ámbito vinculado a lo público, pero cuando las mujeres hablan hoy de aumentar su participación política se refieren a un espacio que rompe con la división sexual y genérica de roles sociales y en la que supuestamente, las mujeres no tenían interés [o no habían podido intervenir] hasta hace relativamente poco tiempo: las investiduras institucionales» (1998: 7).

Es preciso entonces, mirar los derechos políticos como derechos vinculados con los derechos humanos, porque cuando una sociedad garantiza los derechos humanos, ofrece mayores posibilidades para ampliar el espectro del pleno ejercicio de los derechos políticos para todos y todas. Cuando las condiciones del contexto social se traducen en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como la división social y exclusión cada vez más profundas, la masificación de la industria armamentista, el extractivismo, la destrucción de la biosfera, la precarización laboral, la mercantilización de servicios y el desamparo del estado en muchas localidades, es urgente llevar estas discusiones al pleno político y pugnar por transformaciones desde ahí, pues por primera vez en la historia, hay una posibilidad latente para detonar la erradicación de la vida en la tierra.

Y por último, dado que los derechos políticos van más allá del voto de la ciudadanía, es necesario considerar la participación de las mujeres para la construcción de mecanismos o instrumentos que materialicen las exigencias de valores fundados en la dignidad, igualdad y libertad. Ello implica su participación esté siempre bajo una mirada global, de modo que las mujeres continúen otorgando elementos para la defensa y acceso a los derechos políticos. Importa, entonces, la participación informada para contribuir en la disminución de las brechas entre aquellos grupos de personas que incluso en la actualidad son violentadas en sus derechos políticos, hablamos de poblaciones a las que les es negada su ciudadanía, por ejemplo las personas migrantes, comunidades de personas transgénero o transexuales y por supuesto, los espacios donde la participación de las mujeres aun es arrebatada y negada por razones de género.

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