Violencia Política

La Violencia de género como impedimento para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres

«La degradación de la mujer está arraigada en la idea del hombre y sus derechos sexuales. Nuestra religión, las leyes, las costumbres están fundadas en la creencia de que la mujer fue hecha para el hombre»

Elizabeth Cady Stanton, activista estadounidense, abolicionista y figura destacada del movimiento de mujeres

 

La ampliación del sufragio para las mujeres abrió una puerta al espacio donde se discuten las acciones políticas acerca de la vida social con impacto en lo público y lo privado. Aunque, el voto para las mujeres y su reconocimiento no transformó la forma en la que se les percibe, desigual y desfavorecida, en comparación con los hombres. Incluso, aun con tratados internacionales, constituciones políticas federales y estatales que exigen asegurar el sufragio para las mujeres en igualdad de condiciones, el interior de esa puerta, derribada por esfuerzo de las mujeres, contiene prácticas institucionales y una estructura patriarcal ─con sus símbolos, discursos y formas─ que se imponen en la participación política y la democracia.

Existe un aparato estatal y jurídico que masculiniza el mundo y por ende, favorece y desdibuja otras identidades. Bajo este orden de lo político, la condición de las mujeres no figura de manera puntual, o bien, los mecanismos para el pleno ejercicio de sus derechos políticos son colocados en un segundo nivel.

Cerva y Ansolabehere (2009) señalan que el derecho es un pilar fundamental en la estructura de dominación masculina. Sus características de racionalidad y objetividad son masculinas y esos valores se trasladan como principios universales a toda la humanidad permeando, por ende, todo el andamiaje jurídico sobre los derechos políticos y derechos electorales.

La constante revisión del andamiaje jurídico para el ejercicio de los derechos políticos es fundamental para las mujeres, pues ahí se encuentran las limitaciones y las visiones reducidas sobre la democracia. Es tarea básica, como lo han hecho otras mujeres en la historia de la reivindicación de sus derechos políticos, que recurran a la estrategia de modificación de las instituciones y sus reglas, para asegurar la igualdad en la participación política y electoral. Es preciso confrontar y evidenciar las estructuras patriarcales donde se sostiene la democracia.

Es un hecho que en ese trabajo, las mujeres se encuentren con actores que no conciban la no conciben la idea de transformación para la inclusión real en el espacio público, o quienes consideren que el derecho, las instituciones y el aparato Estatal es en sí son ya una forma de organización neutra. Otras figuras políticas señalarán que esta demanda de las mujeres es irreal porque en sus carreras como actores políticos siempre se han sentido representados e invitarán a las mujeres a declinar con la tarea si no pueden soportar la violencia que ocurre en esos espacios. Es decir, aparece la “naturalización” del patriarcado en las estructuras de poder, esas que no ceden la voz a las mujeres para que ellas expongan su visión del mundo. A ese nivel son los retos para alcanzar una democracia.

Cabe señalar que la revisión del andamiaje jurídico para los derechos políticos de las mujeres, su evaluación respecto a las limitaciones y visiones patriarcales de la democracia debe realizarse para favorecer a las mujeres, es menester recalcar que su impulso solo se logrará con la cohesión entre mujeres y sus diversidades. Nunca debe ejecutarse para entrar en debates con figuras patriarcales, pues estas más que intentar genuinamente reeducarse, buscan desgastar el esfuerzo de las mujeres, solicitando mil veces las justificaciones acerca de por qué las mujeres notan diferencias en el ejercicio de sus derechos políticos. Volver incluyente el espacio público, el ejercicio de los derechos políticos es para que las mujeres participen en una cancha donde su condición no sea limitante sino un elemento para mirar el mundo en su complejidad.

El Estado, con sus instituciones es quien debe reeducar a la sociedad, las mujeres no deben hacer ─otra vez─ dobles o triples jornadas para transformar el mundo. Tomar este trabajo es atentar contra su buen vivir y su buen trato. Cuando el Estado les demanda, a las mujeres en la política y a las mujeres feministas, la erradicación del machismo, les carga, es otra vez, una responsabilidad que debe resolverse en colectivo. Las mujeres luchando por sus derechos, evidenciando el patriarcado metido hasta en la democracia ya hacen suficiente. Ellas tienen una tarea fundamental, denunciar la violencia que viven y la visión de rivalidad que el patriarcado pone de barrera para impedir que actúen en manada, que se escuchen, apoyen y discutan sus realidades. Las mujeres, antes que reeducar a la sociedad tienen el gran reto de reencontrarse.

En muchas sociedades, el Estado ha desgastado los movimientos de las mujeres porque la resistencia del patriarcado radica en suponer que después de este solo surgirá el caos. Esas resistencias son evidentes en muchos países, Mona Lena Krook y Juliana Restrepo Sanín (2016) señalan que la cultura patriarcal se impone hasta en las sociedades con mejores condiciones económicas, «es falso que solo los países en desarrollo, donde la capacidad del Estado es débil [sean los que violentan la vida de las mujeres en la esfera política]. Actos de esta naturaleza también ocurren en las sociedades desarrolladas donde el Estado es lo suficientemente fuerte como para hacer cumplir la ley» (2016: 473). Por ello es necesario que las mujeres continúen generando puentes, detonando grietas, para que ellas y otras también sean partícipes de la construcción del mundo social.

Investigación, manifestación en calles y luchas feministas denuncian que:

…la igualdad formal no ha garantizado las condiciones para que se exprese una igualdad sustantiva, lo cual ha significado que las mujeres tengan el reconocimiento de igualdad frente a la ley, pero en lo cotidiano estén lejos de tener incidencia equitativa, participar en la toma de decisiones y ejercer el poder político en igualdad con los hombres” (SUMA, s/f: 15).

Por ello, y derivado de la lucha feminista, vale recalcar que de las mujeres organizadas son quienes más han impulsado acciones afirmativas, basadas en la paridad para la erradicación de la violencia política contra las mujeres.

Violencia política contra las mujeres

En el sistema patriarcal, la violencia política «como otras que existen, inicia con cosas simples, desde criticar la vida privada de las candidatas hasta amenazas, intimidación o desapariciones forzadas para dejar de competir en un cargo» (Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 2015: 26).

En términos amplios, la violencia política es ejercida por actores concretos, en espacios y momentos específicos, a través de discursos, ideas, prácticas, que buscan excluir la voz y decisiones de las mujeres y con ello, mantener el poder inamovible. Si bien en la política existen prácticas violentas, cuando esta violencia se coloca sobre subjetividades de mujeres tiene un alto componente de desigualdad por causa de género. Mona Lena Krook y Juliana Restrepo Sanín (2016) lo explican mediante esta tabla:

 

VIOLENCIA EN LA POLÍTICA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA
QUÉ [O QUIEN] Opositores, bandas criminales. Opositores, bandas criminales, pero también miembros del mismo partido, familia, amigos, miembros del poder ejecutivo, funcionarios públicos, medios de comunicación y comentaristas, redes sociales, policía, [órganos judiciales] y poder militar.
DONDE Esfera pública [aunque la vida privada es expuesta por esos quien para ofrecer una imagen distinta de la mujer que se desenvuelve en la vida pública]. Esferas públicas y privadas.
CUÁNDO Durante y alrededor de las elecciones. Durante y alrededor de las elecciones; durante los preparativos para las elecciones y después, cuando las mujeres han asumido su cargo.
POR QUÉ Para alterar resultados electorales, impedir el voto a un grupo de ciudadanos o constreñir los resultados electorales. Para evitar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos y, por extensión, para comunicar más ampliamente que las mujeres no pertenecen a la política.
CÓMO Violencia física y psicológica, por ejemplo, asesinato (amenazas), secuestro, encarcelamiento. Violencia física y psicológica, pero también económica, sexual y simbólica, por ejemplo, violación, desnudar a las mujeres a la fuerza y en público, acoso, difamación, destrucción de materiales de campaña, acoso y abuso en redes sociales, [partidas presupuestarias desiguales, llamadas de hostigamiento, mensajes periodísticos de hostigamiento o descrédito].

 

Como expone esta tabla, las formas en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres, puede ser verbal, patrimonial, económica, psicológica, emocional, física, sexual y simbólica. Esta última:

…es una forma [que busca pasar por] “invisible” de dominación se ejerce apelando, incluso al “consentimiento” o “complicidad” de las personas afectadas. Su eficacia en el ámbito de la política, radica en que las propias mujeres pueden no reconocer las relaciones de subordinación, mientras “condiciona” de manera sutil el acceso y la participación de las mujeres en la esfera política” (CEAMEG, 2013: 10).

En las reuniones entre grupos de mujeres en la política se pueden discutir cuáles son las violencias simbólicas a las que se han enfrentado, pues sus manifestaciones son infinitas justo porque es un arma blanca del patriarcado. Esta se esconde fácilmente, parece poco dañina ─pero ataca todos los días y su finalidad es recordarle a las mujeres, en prácticas casi invisibles porque son pensadas como “naturales”─ que ellas están subordinadas y que el rol al que deben aspirar o que no deben descuidar,  ser madres, esposas, cuidadoras del bien común privado, que también pertenece a lo masculino. Sin embargo, si a las mujeres esto les provoca una sensación de afectación, es violencia simbólica contra las mujeres. Se mencionarán algunos ejemplos representativos, pero es tarea necesaria, que las mujeres se intercambien ideas acerca de cómo les impacta la violencia simbólica y cómo erradicarla en colectivo.

Incluso existe violencia simbólica que intenta pasar desapercibida a manera de halagos y elogios para las mujeres. Quizá las mujeres en la política hayan escuchado que compañeros hombres les argumenten que su participación será complicada, porque la política opera con agallas, entrega y mucho esfuerzo. Aparecen sujetos políticos que les señalaran su preocupación por que con tanta carga podrían interrumpir sus roles de madres, o convertir en un fracaso su vida si no logran empatar sus tareas domésticas y el rol en la familia con tu trabajo político. Incluso, mujeres en la política tienen que hablar ante los medios de comunicación para decir, antes de sus propuestas, cómo no claudicarán en sus roles de la vida privada y su trabajo eficiente en la política.

¿Por qué los compañeros hombres deben cuestionar a las mujeres políticas si ellos poco dicen sobre la suya y su corresponsabilidad en el cuidado del hogar o sus hijos?, ¿Por qué las mujeres todavía deben responder a preguntas como estas para declarar que sí son competentes?, ¿Cuándo a los hombres se les cuestionan sus roles en la vida privada?

Otra sutil forma en la que se manifiesta la violencia simbólica es cuando los compañeros hombres dicen que las mujeres son el bien más preciado del mundo porque dan la vida, porque pueden con todas las tareas, son más honestas, son puntuales y altamente responsables e incluso se atreven a invitarles cenas, flores, canciones cada 8 de marzo. Estos actos lo que recalcan es que ellos las siguen imaginando en su función reproductora, como una máquina servicial para necesidades de otros, como un ser débil, como una figura sexualizada y bella, no como ser humano, no como igual. O es que acaso ellos nunca han conocido a hombres que puedan con todas las tareas, sean honestos, puntuales, responsables, bellos, seguro que sí, pero ¿Por qué estas cualidades solo se señalan a las mujeres?

Una forma para detectar la violencia simbólica es identificar el discurso o las frases que se generen y cambiar el sexo, si van dirigidos a la mujer, ponerles la categoría masculina y si resulta gracioso, chocante, extraño, entonces es violencia simbólica. Si se describe a un hombre y después esos elementos se usan para hablar de una mujer y esto parece distinto, entonces, se está enalteciendo a una figura masculina, por encima de una femenina.

Concretamente en los espacios políticos la violencia simbólica ocurre cuando las mujeres son quienes:

…prestan sus casas para reuniones legales o no, participan en manifestaciones, hacen de correo, pasan a máquina documentos y panfletos, recaudan fondos, arreglan locales partidarios, preparan comida para eventos, distribuyen panfletos, [generan los discursos de campaña], [diseñan la campaña, la publicidad en medios impresos y digitales], convocan a reuniones del barrio, alojan a visitantes en gira política, hacen visitas casa por casa para presentar a algún candidato, etc (Line, 1998: 10).

 

Al leer esto, pareciera que no hay violencia pues las mujeres participan en un sinnúmero de actividades dentro de sus partidos, pero existe y es simbólica. Line (1998) señala que cuando se analizan estas formas de participar de las mujeres, resulta que tienen continuidad con los roles domésticos pensados exclusivamente o responsabilidad de ellas. Es decir, se les sigue viendo como las que desempeñan tareas y no como actores primordiales para el impulso de las acciones políticas.

Algunas de estas prácticas no se cuestionan, ni siquiera las mujeres lo hacen, porque ellas también crecieron en contextos de educación ─formal, familiar y cultural─ donde se les educó con base en roles de género que son en resumen ser, hacer, estar y dar para otros.

Otro ejemplo, cuando los partidos reparten la presentación en los distritos colocando a las mujeres en aquellos donde obtienen los porcentajes de votación más bajos. ¿Por qué? ¿Qué favorece a los hombres para que estos aparezcan en distritos donde el partido es altamente favorecido? Esto no es ficticio. El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (2015) documentó que en las elecciones de 2015, en términos globales, en los distritos con menor votación ─perdedores─ de todos los partidos o coaliciones, se postuló el equivalente al 62% de mujeres y al 38% de hombres. En contraparte, en los distritos con mayor votación ─ganadores─ de todos los partidos o coaliciones, se postuló el equivalente al 47%  de mujeres y al 53% de hombres.

Otra forma de la violencia simbólica aparece cuando se emiten discursos de inclusión pero sin modificar la práctica real. Esa donde se emplea a las mujeres en dobles o triples jornadas, se obtienen sus talentos y esfuerzos sin otorgarles el valor que merecen. Lo que ahora se describe está enmarcado en los conceptos señalados por teóricas feministas como el techo de cristal y el piso engomado.

Según las mujeres feministas, las mujeres en la política se encuentran entre el techo de cristal «la limitación invisible que tienen  las organizaciones para permitir el desarrollo gerencial de las mujeres» y el piso engomado o pegajoso esta «marcado por las [limitaciones que se introyectan hacia las mujeres para que se autoimpongan límites o periodos de vida cortos en el ámbito político, pues la sociedad les exige] privilegiar sus roles en la familia [como elemento central para nombrarse mujeres y esa violencia simbólica es tan dañina como para que todas las mujeres en la política puedan] animarse a dar el salto [hacia su urgente permanencia en la vida política y resolución de los problemas del mundo]» (Fernández, 2006: 121).

¿Cómo se puede detectar la violencia política por razones de género?     

La Dra. Urenda Queletzu Navarro Sánchez, feminista, abogada e investigadora social potosina, señala de manera concreta algunas preguntas que las mujeres pueden hacerse para identificar si son víctimas de violencia política.

  • ¿El acto u omisión se dirige a una mujer por el sólo hecho de ser mujer?, ¿tiene un impacto diferenciado para las mujeres respecto de los hombres?, ¿le afecta desproporcionadamente?
  • ¿Afecta o anula el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales?
  • ¿Se presenta en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales o bien en el ejercicio de su cargo público?

Democracia paritaria para erradicar la violencia política contra las mujeres

Para prevenir y ofrecer alternativas de atención a mujeres víctimas de violencia política existen instrumentos internacionales y medidas legislativas a nivel nacional, así como estatales. Instrumentos como la CEDAW y Belém Do Pará, proponen la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, pidiendo a las naciones garantizar la plenitud de sus derechos, y con ello, el acceso a espacios de toma de decisión.

Entre esas acciones para impulsar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, se encuentra la paridad de género. Esta medida afirmativa es un proceso de impacto estructural y contra el monopolio del poder político, se encamina a la democracia paritaria, propone transformaciones reales que vayan más allá del reconocimiento formal de derechos políticos a las mujeres.

La paridad no es una cuota mayor a favor de las mujeres. Los problemas que busca atender es la participación de hombres y mujeres real, la desigualdad en el ejercicio del poder, transformar condiciones para garantizar la participación ciudadana de mujeres y que ellas, accedan a los espacios de representación.

En México,  el proceso estratégico de la paridad de género comenzó en 1990. Y esta planteó eliminar el monopolio del poder en representación de figuras masculinas únicamente. Y como se señaló en textos anteriores, la transformación va más allá del reconocimiento formal de los derechos políticos de las mujeres, pues impulsa una demodiversidad, para que las personas, en este caso, para que las mujeres participen de la vida pública sin que su condición de clase, etnia, situación económica, entre otros, sea un impedimento para su intervención.

Estas acciones han tenido tres momentos en el país, 1993, se modificó la fracción 3 del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) estableció que los partidos políticos deben promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular.

En 1996, nuevamente se modifica el COFIPE, ahora para que los estatutos de los partidos consideraren al menos un 30% de mujeres en las listas de las candidaturas presentadas por los distintos partidos políticos para Diputados Federales y Senadores. Aunque no señaló entre las candidaturas de titulares y suplentes. Entonces los partidos políticos cumplían, de manera tramposa,  colocando a las mujeres únicamente como suplentes. Este golpe bajo de las dirigencias de partidos políticos y de su mirada patriarcal para el ejercicio del poder, obligó a modificar, otra vez al COFIPE, a fin de dejar claridad en la instrucción de lo que significa y la apuesta de la paridad.

En 2003 el COFIPE estableció cuota máxima de 70 % para candidatos propietarios de un mismo sexo, además de garantizar que en las candidaturas plurinominales las mujeres fueran enlistadas al menos en una de cada tres posiciones dentro de las primeras nueve de cada lista. Durante 2008 se terminó de señalar la proporción por sexo para las candidaturas de mayoría relativa de 40/60.

En 2011, cabe señalar,  que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un asunto paradigmático en relación con la paridad y equidad de género, bajo la sentencia SUP-JDC-12624/2011 o como se conoce “resolución antijuanitas”. En ella, evitó que los partidos evadieran acciones afirmativas de género previstas en el COFIPE, al obligarlos a registrar a candidatos propietarios y suplentes del mismo género y de manera alternada, con independencia del método de selección.

La Sala Superior aprobó que las formulas a candidaturas a diputación y senaduría debían integrarse con personas de igual género, para erradicar la práctica “juanitas”, que consistía en que los partidos políticos postulaban a mujeres únicamente para cubrir la cuota exigida por la ley, para posteriormente fueran sustituidas por sus suplentes -que eran hombres- al pedir éstas una licencia indefinida; por lo cual, los ocupantes de la curul pertenecían a un género distinto al propietario, lo que ocasionaba un fraude a la ley.

El escenario posterior a 2014 fue bastante alentador, es la última reforma constitucional, específicamente al artículo 41, fracción I, párrafo segundo. En ella se estableció que:

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación.

Esto abrió «un nuevo capítulo en materia de participación política de las mujeres al establecer la paridad de género en las candidaturas para el poder legislativo federal y las locales como un principio constitucional» (Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 2015: 6). La reforma transformó las reglas electorales que sustentan los procesos democráticos. Volteó su mirada a la realidad actual que vive el país y sus desigualdades.

Abrogado el COFIPE se dio lugar a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral (LEGIPE), fortaleciendo a función administrativa electoral (ahora Instituto Nacional Electoral (INE), de carácter nacional y establece la coordinación con los organismos locales. Entre otras cosas, instauró un nuevo sistema de fiscalización para las elecciones locales y federales para regular la propaganda electoral, las encuestas, los debates y las coaliciones.

Estipula que el 50 por ciento de sus candidaturas a legisladores federales y 3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 locales fueren ocupadas por mujeres. Especifica que en ningún caso se admitirán criterios que tuvieran como resultado que a alguno de los géneros se le asignara exclusivamente aquellos distritos en los que el partido ha obtenido resultados bajos. Los partidos políticos estarán obligados a postular las reglas necesarias y suficientes para garantizar la paridad entre los géneros.

Esto ha significado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deba realizar acciones para incorporar la perspectiva de género en sus sentencias y asegurarse de salvaguardar los derechos electorales de las mujeres. A esto se denomina ejercicio de progresividad ─conforme lo estatuye el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano─. Entonces los juicios con perspectiva de género tienen la finalidad de asegurar el derecho a la igualdad.

Es obligación constitucional, entonces, garantizar el acceso a la justicia y remediar situaciones asimétricas de poder.

Dentro de las medidas afirmativas, se contempla ahora la generación de un presupuesto con perspectiva de género para el real avance de la participación de las mujeres en la política. Sin embargo, aún existen altos retos que las mujeres pueden resolver, únicamente de manera colectiva, pues el porcentaje destinado para esta acción no es representativo en relación con el gasto total. Pero las mujeres trabajando por la democracia paritaria pueden utilizar esta herramienta para construir políticas púbicas que desencadenen procesos de participación política de las mujeres.

La intervención en políticas públicas implica generar, monitorear y evaluar programas para la participación política, la garantía de los derechos políticos y las acciones de las instancias encargadas de atender el sistema democrático en el país. Otras políticas públicas en las que es conveniente participar, son aquellas que transversalizan la política de género al interior de los gobiernos, así como aquellas que se encargan de erradicar la violencia contra las mujeres.

Hacer que la herramienta de financiamiento público etiquetado sea transversal al presupuesto federal de egresos, es una tarea, que como el sufragio de las mujeres, deberá emprenderse por ellas, creando alianzas entre mujeres en partidos políticos, en la administración pública, con aquellas que están en el ámbito académico, en la sociedad civil, entre aquellas que participan de colectivos, de marchas para la visibilización de los problemas de las mujeres y las propuestas de resolución de los mismos. Solo el diálogo, intercultural, intergeneracional e interclases, podrá generar los caminos para librar las deudas que el Estado tiene con todas las mujeres.

El gasto público con perspectiva de género, es una grieta para continuar la atención de las desigualdades desde un ámbito que le ha sido negado a las mujeres, históricamente, hablamos del derecho que tienes las mujeres de participar en la economía y las decisiones para su administración.

 

 

Bereiro, Line. (1998). Las recién llegadas. Mujer y Participación Política.  S/P.S/A.

CEAMEG Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. (2013). Notas sobre la violencia contra las mujeres en la esfera política en México.

Fernández, Poncela Anna María. (2006). Mujeres y Política en América latina: Dificultades y aceptación social. México.

Iniciativa SUMA Democracia es Igualdad. (S/F).  Los derechos políticos de las mujeres y cómo defenderlos. Cuaderno de trabajo. México.

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (2015).  Paridad. Un nuevo paradigma para la acción política de las mujeres. México.

 

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