Litigio Estratégico

Defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en San Luis Potosí

Defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en San Luis Potosí.

En 2007 la asamblea legislativa de la Ciudad de México reconoció el aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, esenciales para garantizar su dignidad humana. En el resto de los estados, incluido San Luis Potosí, el aborto sigue siendo un delito grave, con algunas excluyentes de responsabilidad.

Aunado a la tipificación del aborto como un delito, en mayo de 2009 la LVIII Legislatura del Congreso en San Luis Potosí aprobó una reforma al artículo 16 de la Constitución Política del Estado que “protege la vida desde el momento de la concepción”.

Derivado de la aprobación de este artículo Constitucional, las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos y Género del mismo Congreso interpusieron una acción de inconstitucionalidad que llevaría por número de expediente 62/2009, la cual versaba que la definición de persona que se estableció en la reforma local, era contradictoria a la concepción de persona contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que no existe una definición concreta sobre el inicio de la vida y con esto el reconocimiento de derechos a los no nacidos, además de que refuerza un simbolismo patriarcal y capitalista de los cuerpos de las mujeres como depositarias de otros, se impone la maternidad como una obligación, y nulifica los derechos de las mujeres a decidir de manera libre sobre su cuerpo, su sexualidad y la planificación familiar.

Es decir, la Constitución Política de la República reconoce a las mujeres como sujetas tutelares de derechos humanos como la salud, la educación y la justicia, haciendo posible que el aborto fuera reconocido como un derecho en la Ciudad de México, en cambio, la actividad legislativa en San Luis Potosí, al ponderar la protección de la vida en abstracto sobre la de mujeres, las obliga a vivir con un esquema de derechos reducido, abonando a los procesos de criminalización y muerte derivados de prácticas clandestinas.

La acción de inconstitucionalidad promovida por diputadas y diputados del Congreso Potosino fue admitida y discutida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obteniendo 7 votos a favor y 4 en contra. Aunque los votos obtenidos a favor eran más que los obtenidos en contra, el proyecto no prosperó, puesto que por votación especial necesitaba de 8 votos a favor para concretar la inconstitucionalidad. Sin embargo, el argumento que prosperó fue que era constitucional la práctica legislativa de los estados de legislar sobre este tema.

A pesar de que existe una resolución de la Suprema Corte sobre el debate de la protección de la vida en abstracto sobre la vida de las mujeres, los sistemas de justicia en México vivieron un importante cambio a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011. Permitiendo una nueva época jurisprudencial que posibilita una ruptura con la vieja concepción del derecho, que se analizaba por medio de instituciones poco efectivas y con un ejercicio bastante limitado convirtiendo el campo práctico y experimental del derecho en protocolos rutinarios, atendiendo más a las cuestiones procesales rígidas que a priorizar la resolución de los conflictos.

Con las innovaciones jurídicas que la reforma del 2011 trajo a los sistemas de impartición de justicia, es posible postular litigios estratégicos en donde se le da un uso alternativo al derecho para hacer justiciables los derechos reproductivos de las mujeres. Posibilitando acciones legales como un amparo contra leyes para colocar de nueva cuenta el tema sobre la agenda de los Estados, atendiendo a que la libertad de legislación local que reconoció la Suprema Corte en años anteriores, se encuentra limitada con el bloque de convencionalidad y a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos que se deben encontrar presentes en cualquier acto de autoridad, independientemente de su grado de competencia.

El instrumento que se construye para la defensa de los derechos de las mujeres es un amparo contra leyes, en donde se demanda al legislativo por el proceso de elaboración y aprobación de una norma inconstitucional, al contravenir los derechos humanos de las mujeres (reconocidos en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales). También es un amparo contra el Ejecutivo, por ser partícipe del proceso de promulgación de la norma que se pretende impugnar y, por último, al director del periódico oficial del Estado de San Luis Potosí por la publicación del mismo ordenamiento.

Dentro de los preceptos normativos vulnerados encontramos los Artículos 1, 4, 133 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la norma descriptiva n°323 “Principios para la intervención médica” de la Organización Mundial de la Salud; Artículos 4 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer” Convención de Belem do Pará; Artículo 1 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia; Artículo 1 y 5 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Artículo 3 de la Ley General para la Protección de los Derechos de los Niños y las Niñas; Artículo 3 y 4 de La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.

De igual forma, reconocemos que este litigio tiene un carácter histórico y político por la disputa de derechos de esta índole que por un largo tiempo han encabezado las mujeres. Percibimos la necesidad de citar el uso de protocolos de actuación que permitan establecer pautas que se incorporen al proceso para evitar la revictimización y con ello la negación al derecho a la justicia de las que la demandan. Para esto invocamos el Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si bien, el resultado de este amparo no es la despenalización del aborto contenida en el Código Penal del Estado, sí busca obtener un criterio judicial que reconozca las limitaciones del Estado en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, mismo que conllevaría a su vez la posibilidad de colocar el tema para la incidencia política de la sociedad civil organizada que exija a los poderes del estado, la despenalización y la derogación de figuras normativas que protejan la vida del no nacido en detrimento de la vida de las mujeres. Esto permitirá ser un pilar que permita materializar los principios de una sociedad democrática, en donde las mujeres puedan decidir de manera individual el número de hijos que desean tener y su temporalidad, atendiendo a un derecho de planificación familiar y de agencia material de sus cuerpos y su capacidad reproductiva.

Una vez reconocida la ponderación de los derechos de las mujeres, el Estado estaría obligado a reforzar sus programas y planes de salud, para poder garantizarlo como un servicio público y gratuito, así como actualizar los programas en educación sexual para cientos de niñas y mujeres que se verían beneficiadas, reduciendo con esto las cifras de criminalización y muerte por prácticas clandestinas que viven las mujeres dentro del estado, para dar paso a abortos seguros, libres y gratuitos.

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