Litigio Estratégico

La copa menstrual y la defensa de los derechos a la salud, al trabajo y a la información de las mujeres.

La copa menstrual y la defensa de los derechos a la salud, al trabajo y a la información de las mujeres.

En febrero de 2016 se publicó en la página oficial de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) un documento de alerta sanitaria, la cual previene una supuesta peligrosidad en el uso de la copa menstrual, asegurando que no existe un registro sanitario, ni investigación científica en el país sobre el producto, al desconocerse los materiales que se emplean en su fabricación y los efectos que pueden causar a la salud de las mujeres.

La negativa sobre el uso de la copa menstrual es arbitraria, al no justificarse de manera científica esta prohibición, lo cual transgrede los principios fundamentales de legalidad y lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Dentro del decreto de creación de la COFEPRIS, en el artículo segundo fracción II, se describe la facultad que tiene la comisión para controlar y vigilar la distribución de copas menstruales y otros productos, sin embargo, el mismo artículo reconoce la capacidad para expedir autorizaciones y certificaciones de productos, esta facultad deberá de anteceder la ejecución de un acto tendiente a la prohibición.

Se reclama la ilegal actuación de la COFEPRIS que derivó en la expedición de la alerta sanitaria al contravenir el bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos y se hace énfasis en que vulnera lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo puesto que no se encuentra debidamente fundada ni motivada, lo cual transgrede los principios de legalidad sobre los cuales deben expedirse todo tipo de actos de autoridad.

Sobre las violaciones a derechos humanos de las mujeres, encontramos la vulneración al derecho a la salud, contenido en al artículo cuarto Constitucional, ya que existe una pluralidad de información e investigaciones tendientes a demostrar la complejidad de componentes químicos presentes en los productos desechables como lo son toallas sanitarias y tampones. Dichos químicos son el asbesto, dioxina y poliacrilato que causan afectaciones al dejar fibras en la vagina lo que provocará malos olores, infecciones, obstrucción de trompas, entre otros.

Sobre el uso de estos productos no hay restricciones de COFEPRIS, presumiblemente por el peso de las corporaciones que acaparan el mercado de estos productos como Procter & Gamble o Kimberly Clark, que se resisten a ofrecer opciones reutilizables por el eventual menoscabo en sus ganancias, a pesar de las posibles ventajas ambientales y a la economía de las mujeres.

La restricción que establece la COFEPRIS a las alternativas que no son dañinas al cuerpo de las mujeres, las obliga a que las únicas opciones al alcance sea una industria que intoxica sus cuerpos de manera constante y, que por lo tanto no, garantiza las condiciones materiales para que tengan un derecho a la salud de forma plena.

Además, detectamos vulneración al derecho a la información contenido en el artículo sexto Constitucional que reconoce como una obligación del Estado y con ello de sus instituciones, por lo que La COFEPRIS al ser un órgano del Estado, está obligado a garantizar el acceso a la información de la población en materia sanitaria, con criterios científicos y adecuados.

Hacemos énfasis en que, para el análisis de esta demanda, deberá reconocerse, además de los dispositivos jurídicos vulnerados, el trasfondo político que tiene la prohibición contenida en la Alerta Sanitaria de la COFEPRIS. Las imprecisiones con las que sustenta la peligrosidad de la copa menstrual apuntan a la prohibición en miras de una lógica capitalista, en la cual las alternativas que presenta el uso de la copa menstrual podrían interpelar los beneficios que las empresas productoras de toallas y tampones ponen en riesgo con esta nueva alternativa.

La prohibición y penalización administrativa a quienes distribuyan copas menstruales queda nulificada con los estudios existentes alrededor del mundo que indican que la copa menstrual es una de las mejores alternativas para garantizar la salud sexual de las mujeres. Se estima que durante la vida fértil de una mujer se consume a aproximadamente entre 17,000 toallas o tampones. Los componentes con los cuales están elaboradas las copas reducen el número a una copa por 5 o hasta 10 años, aminorando el número de desechables y con esto el impacto ecológico. Esta reducción en el consumo beneficia de igual forma el aspecto económico de las mujeres que usan la copa menstrual.

Las copas menstruales han significado la disminución de alergias vaginales, que los tampones y toallas causan derivados de los químicos como el Poliacrilato, Rayón y Asbesto, apostando por una salud integral que aboga por que las mujeres se apropien y conozcan sus ciclos menstruales de manera más consiente.

Por lo anterior, será obligación del Estado y sus instituciones reconocer la peligrosidad en los componentes químicos de toallas y tampones que usan a diario las mujeres y derivado de ese desprendimiento deberá ejercer acciones afirmativas encaminadas a garantizar condiciones de vida óptimas para las mujeres. Exhortamos a la autoridad responsable, que en concordancia con los principios de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, realice procesos de autorización y certificación apegados a la garantía, promoción y respeto de los derechos humanos de las mujeres.

En concordancia con la politización del caso, se reconoce la necesidad de utilizar protocolos de actuación como lo es el PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, para observar criterios desde la perspectiva de género dentro del derecho que permitan como primer punto la concesión de una suspensión en provisional y en su momento definitiva del acto de autoridad que se combate con la finalidad de que lo dispuesto en la Alerta Sanitara, sobre la prohibición y la sanción administrativa de quienes distribuyan copas menstruales, quede sin efecto hasta que se resuelva el juicio.

Con esto se garantizan los derechos humanos de salud, información y medio ambiente sano de las mujeres usuarias y a su vez, el derecho al trabajo de quienes destinen la venta y distribución de copas como fuente de trabajo.

Related Posts

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *